De camino a los jueces robot
Los avances de la ingeniería y la tecnología han propiciado la aparición natural de robots en la vida social, que empezaron a desempeñar de forma autónoma las funciones de reguladores o participantes en las relaciones jurídicas y sociales. Por ejemplo, los robots ya realizan con éxito las funciones de gestión del transporte, suministro de energía y apoyo a la vida humana. Los robots salvan a las personas en situaciones de emergencia. Los robots militares (drones) hace tiempo que son capaces de acabar con las personas de forma autónoma y masiva, no sólo durante los conflictos armados. Los robots atrapan a los delincuentes, redactan las noticias y negocian en las bolsas. La inteligencia artificial diagnostica automáticamente a los enfermos. ¿No pueden los robots hacer realidad el ideal constitucional de que los jueces sólo obedezcan la ley? Probablemente sí, porque no hay jefes superiores por encima de ellos a los que deban atenerse. El sistema de inteligencia artificial elimina la posibilidad de error legal. El robot sólo conoce la ley y actúa conforme a ella. Un abogado humano es mucho más caro que un abogado robot. Con la mente de un ordenador, los casos legales pueden manejarse de forma muy diferente porque sólo importará lo que el robot acepte como ley. Por supuesto, la confianza completa de los humanos en los robots no surgirá pronto, pero ahora es cada vez más difícil que las personas compitan con los robots de igual a igual, y quizá ya esté fuera de su alcance. Y esta es una realidad jurídica con la que deben contar tanto la sociedad como sus legisladores. Además, ya se ha creado una inteligencia informática que supera las capacidades humanas. Además, existen cibersistemas capaces de autoaprender y adaptarse a la vida material y espiritual de la sociedad. La inteligencia artificial ya no sólo escribe poesía, música y pinturas. Ya está ganando a los humanos en el ajedrez y en los casinos y en muchos otros aspectos. Hay programas lectores de esporas que pueden superar fácilmente a los humanos en los debates jurídicos. Los programas que denuncian la falsedad y el perjurio son sensibles a los estados emocionales y psicológicos de las personas. Hace tiempo que los programas son capaces de redactar y verificar contratos hechos por humanos. La inteligencia artificial genera negocios y valores. Desarrolla criptomonedas convertibles en capital real. Gestiona de forma autónoma los derechos de propiedad. Se ha creado un algoritmo capaz de predecir con precisión las decisiones de los tribunales estatales. La modelización artificial de los actos judiciales permitió a los robots repetir las conclusiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el 70% de los casos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el 79%. Esto significa que falta poco para que haya robots: jueces, fiscales, abogados, etc. Y serán mucho más rápidos y capaces de resolver los problemas de la legislación, los procedimientos judiciales y la administración. Serán capaces de resolver casi cualquier caso legal con precisión matemática. A diferencia de los humanos, pueden mantener imparcialmente los parámetros establecidos de objetividad y humanismo. Al mismo tiempo, no aceptarán sobornos. Un juez robot no puede ser sobornado, y las debilidades humanas no le importan. Un juez robot está programado para desempeñar sus funciones con calidad por cualquier medio legal.
Inteligencia jurídica artificial
Existe la opinión de que esto es sólo una fantasía, que no tiene nada que ver con la vida real porque los robots no pueden tener en cuenta todos los detalles, incluido el factor humano. Pero la mayoría de los expertos creen que la sociedad necesita jueces imparciales, no corruptos y con el menor número de errores posible. Piensan que sería mucho mejor que una máquina inteligente sin factores secundarios humanos creara leyes impecables y corrigiera las erróneas. Por supuesto, si la sociedad se convence de que la misma función legal puede ser realizada por un robot que por un humano, que es mejor que un humano en la tarea legal, no habrá alternativa a los robots. Por otra parte, ya se han creado estos sistemas impecables, y funcionan. En Múnich, se ha diseñado un programa informático llamado Elterngeld, Dinero de los Padres, para tomar decisiones sobre las demandas de manutención de los hijos. Lleva varios años haciendo transparentes las decisiones financieras y legales. En Finlandia, el robot jurídico TrademarkNow gestiona las reclamaciones de marcas. Maneja una base de datos vinculada de registradores estadounidenses y europeos y toma decisiones sin errores. El bufete de abogados estadounidense Baker & Hostetler utiliza desde 2016 el robot ROSS con inteligencia artificial para recoger precedentes en casos concretos de quiebra, impuestos y seguros médicos. Lo que a un abogado humano le lleva horas, a un abogado robot le lleva momentos. El robot DoNotPay, desarrollado en la Universidad de Stanford, disputa las multas a los propietarios de automóviles. En dos años, el robot abogado de automóviles ha atendido a más de 250.000 clientes, la mayoría de los cuales han evitado las sanciones. El programa COIN de JPMorgan ha automatizado el trabajo de sus abogados analizando contratos de crédito. Antes, este trabajo requería cientos de miles de horas de trabajo al año. Ahora los casos se resuelven en segundos. Así, el objetivo principal es pasar de la jurisprudencia del error humano a la legalidad impecable y precisa.
"Contratos "inteligentes
Sea como fuere, las circunstancias son propicias para utilizar la IA en la jurisprudencia. En particular, los métodos y algoritmos matemáticos han dado lugar a los llamados contratos inteligentes. Estos protocolos informáticos mapean o verifican los contratos o proporcionan soporte técnico para negociar o hacer cumplir un contrato. "Los contratos inteligentes aumentan la seguridad de las relaciones jurídicas con respecto al derecho contractual tradicional, reduciendo los costes de transacción. Un programa informático hace cumplir un contrato incorporado en el código con contratos inteligentes.
Programas de "justicia predictiva"
Además, ahora están surgiendo programas de LegalTech que predicen el resultado de los litigios, incluidas las posibles indemnizaciones. LegalTech ofrece muchas ventajas: automatización de tareas repetitivas para los abogados, distracciones, reducción del riesgo de litigio, etc. El objetivo de desarrollar e implementar este tipo de herramientas es automatizar las tareas repetitivas para que los abogados puedan centrarse en funciones más prioritarias, en primer lugar, el asesoramiento a los clientes. Así, ha aparecido un nuevo concepto en los países europeos: la "justicia predictiva" (PJ). La PJ se basa en la IA, dando a los abogados las herramientas para centrarse en tareas más complejas. Mientras que la justicia tradicional intenta cumplir su misión de decidir un caso en un tiempo razonable, la PJ va más allá. Proporciona algoritmos para analizar un gran número de situaciones en un corto periodo de tiempo, que le permiten anticipar el resultado del litigio o, al menos, evaluar las posibilidades de éxito. PP permite: elegir una forma correcta de defensa, escoger los argumentos más adecuados, estimar el importe previsto de la indemnización, etc. Por lo tanto, no se trata de una cuestión de justicia en sí misma, sino únicamente de herramientas de análisis que permitan predecir futuras decisiones en litigios similares a los analizados. El propio término "PP" procede de los anglosajones. En EE.UU., hace tiempo que se utilizan programas informáticos a nivel estatal, sobre todo en el ámbito del derecho penal, así como bases de datos para la aplicación de reglamentos, clasificación de documentos, etc. Por ejemplo, el Departamento de Policía de Los Ángeles ha adoptado un sistema policial predictivo llamado PredPol. Utiliza datos sobre el comportamiento de las personas y dirige con mayor eficacia los esfuerzos policiales para luchar contra la delincuencia. Los jueces estadounidenses suelen utilizar programas para evaluar la probabilidad de reincidencia de un sospechoso, como el Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions (COMPAS). Es cierto que un estudio reciente realizado por el University College de Londres demostró que los ordenadores podían predecir el resultado del juicio con una precisión de alrededor del 80%. Pero, ¿hasta qué punto es aceptable esa cifra? Una vez que la gente empiece a utilizar la inteligencia artificial y espere que el resultado sea predicho por las máquinas, ¿qué harán entonces los jueces? Y si los jueces no actúan de acuerdo con las expectativas de la inteligencia artificial, se convertirá en un problema para el tribunal. Y como resultado, se cuestionará la necesidad de su existencia como institución.
Normas internacionales sobre "justicia predictiva"
Ya se han elaborado y promulgado normas internacionales sobre la IA en la justicia. Así, el 4 de diciembre de 2018. La Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa adoptó el primer documento - "Principios éticos relativos al uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales." Este documento es una guía para los legisladores y los profesionales de la justicia. El uso de la IA en la justicia debe llevarse a cabo de forma responsable y coherente con los derechos fundamentales garantizados en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y el Convenio del Consejo de Europa sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. El CEPEJ ha identificado los siguientes principios que deben respetarse en el ámbito de la justicia:
- Respeto de los derechos fundamentales: garantizar el cumplimiento y la implementación de herramientas y servicios de IA con los derechos fundamentales,
- no discriminación,
- calidad y seguridad en el tratamiento de sentencias y datos en un entorno tecnológico seguro,
- transparencia, imparcialidad y justicia,
- asegurarse de que los métodos de procesamiento de datos sean accesibles y comprensibles,
- "bajo el control del usuario", etc. El 10 de abril de 2018, 25 países europeos aprobaron una Declaración de Cooperación en IA. Varios estados ya han anunciado iniciativas nacionales en esta área y declarado su intención de adoptar un enfoque paneuropeo para resolver el problema. Por supuesto, todas estas disposiciones aún no son normas jurídicas de la UE. Próximamente se adoptarán normas legales sobre la materia. Su propósito no es crear un robot juez capaz de tomar decisiones sin humanos. Su objetivo es fortalecer la capacidad analítica de los mejores abogados. Los estados de Europa son conscientes de las nuevas posibilidades de PP y están desarrollando activamente programas relevantes a nivel nacional.
Programas nacionales de "justicia predictiva"
Por ejemplo, desde 2015, los Países Bajos cuentan con Recht-wijzer, la Plataforma de Conciliación y Mediación, que cubre todos los procedimientos que involucran a personas, incluidos los conflictos familiares y de alquiler. En marzo de 2018, la Comisión de Justicia y Seguridad de la Cámara Baja del Parlamento holandés celebró una mesa redonda sobre IA en la Justicia, en la que se discutió la necesidad de regular la PP.
Francia es un líder reconocido en la implementación de IA en Europa. Como sabemos, Francia tiene más de 50 códigos, cerca de 10 500 leyes, 127 000 decretos y otras reglamentaciones, y millones de decisiones judiciales.
El 7 de octubre de 2016 se aprobó la ley de la República Digital, que detalló los procedimientos para el intercambio y acceso a la información pública.
Para que los proyectos de PP tengan éxito, son necesarias dos condiciones. En primer lugar, datos de calidad en grandes cantidades. La Ley de la República Digital de 2016 eliminó este obstáculo. En segundo lugar, los desarrollos tecnológicos han hecho posibles potentes algoritmos gracias a los recientes avances tecnológicos. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, la PP facilita el tratamiento de dos millones de resoluciones judiciales al año. En Francia, ya existen varios programas de PP. Por ejemplo,
- justice.fr está diseñado para abogados y les permite identificar el tribunal competente y descargar los formularios apropiados para presentar una solicitud/queja.
- Sagace permite que las partes se familiaricen con la información resumida del caso judicial.
- Consultation Avocats es una plataforma nacional de abogados (con cita previa, teléfono o correo electrónico), cuyos servicios están cubiertos por un acuerdo de honorarios.
- JuriCA y JuriNET, la base de datos de jurisprudencia de los tribunales de apelación civiles y comerciales (JuriCA), y el tribunal de casación para todos los casos (JuriNET).
Hay dos tipos de jugadores en el mercado de PP en Francia: los editores legales clásicos y las nuevas empresas de LegalTech. La evolución de LegalTech se ve facilitada por una combinación de factores favorables: la revolución digital, los cambios de mentalidad y la irrupción de las nuevas tecnologías.
En Francia, creen que el uso de PP es especialmente prometedor en derecho social. En particular, los empresarios sin formación jurídica suelen enfrentarse a diversas dificultades en el ámbito del derecho laboral, especialmente al redactar contratos y resolver disputas con los empleados. Con la introducción del decreto del presidente Macron que prohíbe el despido sin una justificación seria, el uso del PP cobra especial importancia. La base de datos social Droit contiene 470.000 expedientes relativos a indemnizaciones por despido, indemnizaciones por accidentes de trabajo, etc. Se dispone de varios criterios de búsqueda (como el tipo de contrato, el tipo de lesión, el tipo de accidente, etc.). Los diferentes criterios de búsqueda son generales (características de la empresa, empleados, clases, montos de las indemnizaciones y daños, etc.), lo que facilita mucho la vida de los empleados y empleadores.
El futuro de la "justicia predecible"
En los últimos años, poderosas fuerzas han cambiado el mercado del asesoramiento jurídico prestado a las empresas. La nueva realidad se caracteriza por la caída de los precios, la transformación de servicios antes homogéneos en diferentes tipos, y el crecimiento de la externalización de los procedimientos legales. En Francia, por ejemplo, no todas las empresas cuentan con un servicio jurídico. La mayoría de las empresas son pequeñas y medianas y no disponen de un número residual de recursos financieros, por lo que no siempre pueden recurrir a los servicios de un abogado. Por lo tanto, para ellas, los programas de PP son beneficiosos.
Los beneficios de la PP para los tribunales
La tecnología de la información puede proporcionar herramientas para facilitar las decisiones de los jueces o para orientar mejor las decisiones de los ciudadanos y los representantes legales. Por ejemplo, un juez que tenga que tomar una decisión sobre un caso complejo puede informarse sobre la jurisprudencia pertinente. Los programas de PP ofrecen un análisis de cuestiones ya decididas e identifican situaciones similares. También se pueden detectar fácilmente las tendencias de apelación y supervisión. Mediante algoritmos, los demandantes pueden conocer el éxito de casos similares y ajustar sus estrategias si es necesario. La digitalización de los datos jurídicos representa otra megatendencia que está transformando los flujos de trabajo y los modelos de negocio de LegalTech. La cantidad de datos utilizados en el asesoramiento jurídico ha aumentado exponencialmente, como se ha visto en muchos otros sectores. Por ejemplo, en los casos de Enron, Lehman Brothers y Volkswagen, los abogados analizaron e interpretaron cientos de miles de correos electrónicos y otros documentos para establecer los hechos. En el futuro, la capacidad de verificar, investigar e interpretar cantidades de datos sin precedentes será tan crucial para el éxito de los despachos de abogados como el "arte" de prestar asesoramiento jurídico. Han surgido varias tecnologías jurídicas para digitalizar y automatizar estas y otras actividades legales. De hecho, los resultados de una encuesta entre socios y proveedores de tecnología jurídica realizada por The Boston Consulting Group sugieren que las soluciones LegalTech pueden suplir hasta un 30-50% de las tareas que realizan los asistentes jurídicos en la actualidad. Sin embargo, la tecnología jurídica ha sido adoptada por menos despachos de lo que cabría esperar. Muchos abogados siguen realizando el análisis de datos con el enfoque tradicional: revisando manualmente los documentos uno por uno. Por un lado, el actual modelo de ingresos basado en las horas facturables y los acuerdos de reparto de beneficios que rigen las sociedades ofrece pocos incentivos para invertir en nuevas tecnologías. Por otro lado, muchos despachos de abogados desconfían de la adopción de soluciones aún en desarrollo, que requieren importantes cambios operativos e inversión en formación. Independientemente de las razones por las que la tasa de adopción de las tecnologías de PP no es tan alta, los despachos de abogados que no las aprovechen o no se adapten a las nuevas realidades que presentan corren el riesgo de perder clientes corporativos a favor de prácticas más progresistas y pueden ir a la quiebra. Los proveedores de productos tecnológicos legítimos los sustituirán. El desarrollo de las tecnologías de la información ha propiciado una mayor interacción humana en todas partes. Como resultado, los servicios públicos, incluido el servicio de justicia, han tratado de aprovechar las nuevas herramientas digitales para redefinir la forma de comunicarse con sus usuarios. Proporcionar información adicional y mejorar su entrega son dos objetivos que los operadores de programas judiciales han encontrado posibles con menores costes de implementación gracias a la IA. El objetivo es obtener dos beneficios: mejorar la calidad de la prestación del servicio y controlar los costes de funcionamiento del sistema judicial. Así, los abogados por sí solos (los que no reconocen la tecnología), al igual que los propios robots (creados para sustituir a los humanos), nunca tendrán el mismo valor que los humanos y las máquinas juntos. Es la clave para resolver todo el problema. Las agencias gubernamentales, los abogados y los bufetes de abogados ya no pueden permitirse el lujo de ignorar la tecnología de la PP. Para garantizar su competitividad y supervivencia, todas las entidades policiales deben estar preparadas para aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología de PP.